El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC), reaccionó públicamente ante la reciente suba de los precios de los combustibles aplicada por las estaciones privadas. A través de sus redes sociales, reclamó que las reducciones en los costos se concreten de forma inmediata una vez desaparezcan las condiciones externas que provocan los incrementos. Además, Núñez instó a Petróleos Paraguayos (Petropar) a mantener sus precios y a cumplir un rol regulador en el mercado local, en beneficio de los consumidores.
En su pronunciamiento, el legislador señaló: “Insto a Petropar a mantener los precios lo más bajos posible y a ejercer con firmeza su rol de regulador en beneficio del ciudadano”. Sin embargo, es importante destacar que Núñez no mencionó que mantiene un vínculo directo con un servicentro de Petropar. Esta relación personal abre la posibilidad de un conflicto de intereses, ya que una política de precios bajos de la estatal podría beneficiar también a ese establecimiento específico.
El servicentro en cuestión es operado por Nidia Lorena Cabrera, exconcejala de Villa Hayes y pareja del senador. Ella administra el local a través de Districhaco S.A. Según diversas publicaciones, Núñez impulsó la instalación del surtidor en un terreno de Villa Hayes que originalmente estaba destinado a convertirse en una plaza recreativa para los ciudadanos. Este terreno fue adjudicado cuando su hermano, Ricardo Núñez, aún se desempeñaba como intendente de esa localidad.
Como parte de la inversión, el senador colorado habría destinado aproximadamente G. 2.000 millones en infraestructura, mientras que Petropar aportó los equipos necesarios para el funcionamiento, incluidos surtidores y tanques, valorados en cerca de US$ 100.000.
Conflicto de intereses y política de precios
Esta situación apunta a un posible conflicto de intereses, ya que la defensa pública de Núñez para que Petropar mantenga precios competitivos podría beneficiar directamente al servicentro vinculado a su persona. Si la petrolera estatal sostiene tarifas más bajas que las de los emblemas privados, el establecimiento gestionado por Cabrera podría experimentar un aumento en el flujo de clientes y en las ventas.
No obstante, el senador no hizo pública esta relación ni el posible beneficio económico que podría derivarse de su recomendación. Este escenario invita a reflexionar sobre la necesidad de transparencia en la gestión pública, sobre todo cuando las decisiones afectan mercados sensibles como el de los combustibles.
Otros dirigentes involucrados en servicentros de Petropar
El vínculo entre políticos y servicentros bajo la bandera de Petropar no se limita a Núñez y su entorno. En la lista de operadores vinculados a dirigentes destacan las exdiputadas cartistas Blanca Marina Vargas de Caballero y Del Pilar Medina, ambas actualmente asesoras en Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, respectivamente. Asimismo, la diputada cartista Jazmín Narváez figura en esta relación, aunque el propietario registrado del establecimiento es su padre.
También aparecen otros nombres como el senador colorado Luis Pettengill; el seccionalero cartista Víctor Molas Turó, quien además de administrar estaciones propias obtuvo concesiones de servicentros de Petropar; el diputado colorado Néstor Castellano; el exdiputado Tomás “Ever” Rivas; el exintendente de Hernandarias Blas Leguizamón (ANR); el exministro de Agricultura Carlos Santa Cruz Britos; el exintendente de Natalicio Talavera Gustavo Giménez Silvero; y el seccionalero y concejal colorado de Itá Fabio Andrés Sosa Espínola.
Estos vínculos evidencian una red amplia de operadores políticos vinculados al negocio de los combustibles, lo que subraya la delicada relación entre intereses públicos y privados en este sector.
Contexto del mercado y ajustes recientes
En lo que va del año, los principales emblemas privados aplicaron la cuarta suba consecutiva en los precios de combustibles, con incrementos que varían entre G. 490 y G. 600 por litro según el tipo de carburante. Este ajuste ha sido atribuido por las distribuidoras al encarecimiento de las cotizaciones internacionales de los combustibles refinados, en un contexto marcado por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
Mientras tanto, Petropar ha decidido mantener sin variaciones sus precios por el momento, aunque sigue analizando la evolución del mercado para determinar si será necesario adoptar un eventual ajuste. Esta postura, según la recomendación pública de Núñez, responde a la intención de que los costos permanezcan competitivos para proteger al consumidor local.
En mi experiencia, esta situación pone en evidencia la importancia de la transparencia y la regulación efectiva en sectores estratégicos como el energético. La coexistencia de intereses privados y públicos requiere un manejo cuidadoso para evitar conflictos que puedan afectar la confianza ciudadana y la equidad del mercado.
Mi recomendación es que se promueva una mayor claridad en las relaciones entre funcionarios públicos y actividades comerciales vinculadas, para garantizar que las políticas de precios y regulación respondan genuinamente al interés público y no a beneficios particulares. Invito a los lectores a reflexionar sobre cómo este tipo de dinámicas pueden impactar en el costo de vida y en la competitividad de la economía local, e incluso a exigir mayor honestidad y responsabilidad a quienes ocupan roles de liderazgo.
