Desde el inicio del actual periodo legislativo el 1 de julio de 2023, la Cámara de Senadores ha visto la salida de cinco legisladores debido a expulsiones y renuncias, en medio de un contexto de escándalos políticos y condenas vinculadas al narcotráfico. La senadora Zenaida Delgado (ANR, oficialista) podría convertirse en la sexta legisladora en abandonar el Senado por un pedido de pérdida de investidura relacionado con un supuesto esquema de cobro de “peaje salarial” a funcionarios.
Uno de los casos más resonantes fue la expulsión de Kattya González (PEN) el 14 de febrero de 2024, que generó un fuerte revuelo tanto a nivel nacional como internacional. A pesar de que el Senado había establecido una mayoría de 30 votos para expulsar a un legislador, González fue destituida con solo 23 votos. Su salida desató protestas y pronunciamientos de organismos internacionales, incluyendo la OEA, que expresó preocupación por la violencia política de género.
Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, fue expulsada el 16 de septiembre de 2025, tras la difusión de audios que revelaban una supuesta repartija de donaciones y negociaciones irregulares. La decisión fue tomada con 40 votos a favor, en un contexto donde la oposición cuestionó que no se hubiera alcanzado la mayoría de dos tercios exigida por el reglamento interno.
El 30 de marzo de 2026, Javier “Chaqueñito” Vera fue destituido con 36 votos luego de que se hicieran públicos audios en los que solicitaba favores de carácter sexual e involucraba a un menor de edad. Antes de su expulsión, ya había sido apartado de su bancada por cuestiones éticas.
Erico Galeano renunció el 12 de mayo de 2026, enfrentando una inminente pérdida de investidura tras ser condenado a 13 años de prisión por lavado de dinero y asociación criminal. Su salida evitó que el Senado decidiera sobre su expulsión. Ese mismo día, Hernán Rivas también presentó su renuncia, acumulando cuestionamientos por un escándalo relacionado con un supuesto título falso de abogado.
La situación de Zenaida Delgado se complica por denuncias que sugieren que funcionarios bajo su supervisión debían pagar parte de sus salarios. Además, se investiga su vinculación en un caso de estafa relacionado con ofertas de empleo y recategorizaciones en el IPS. La Comisión de Asuntos Constitucionales debe emitir un dictamen sobre su situación, y si se concreta su salida, se sumará a la lista de legisladores que han abandonado el Senado en este periodo.
