El juez penal de garantías especializado en delitos económicos, Humberto Otazú, ha elevado a juicio oral la causa que involucra al exdiputado colorado Orlando Gabriel Arévalo Zielanko y a Guido Javier Díaz Domínguez por cohecho pasivo agravado, en el contexto del caso conocido como #LaMafiaManda. Esta decisión se produce tras el rechazo de los incidentes planteados por el abogado defensor de Arévalo, Juan Villalba, quien solicitó el sobreseimiento definitivo.
La Fiscalía, representada por los agentes Francisco Cabrera, Luis Piñánez y Verónica Valdéz, mantuvo su acusación contra Arévalo como autor y contra Díaz como cómplice, presentando pruebas recolectadas durante la fase preparatoria. Esta causa se origina a partir de una investigación que comenzó el 3 de febrero de 2025, la cual reveló conversaciones de WhatsApp extraídas del celular del fallecido legislador Eulalio “Lalo” Gomes Batista, quien murió tras un enfrentamiento con la policía durante un allanamiento el 19 de agosto de 2024.
Gomes, según las pruebas, tuvo intercambios frecuentes con fiscales, jueces y otros funcionarios públicos. El juez Osmar Legal denunció estas interacciones a la Fiscalía dentro del caso conocido como Pavo Real Py II, lo que llevó a la imputación de Arévalo y Díaz el 12 de diciembre de 2025. Posteriormente, la acusación formal fue presentada el 16 de junio de 2026.
La Fiscalía sostiene que el 8 de septiembre de 2023, Arévalo solicitó a Gomes el endoso de tres cheques por un total de G. 202.000.000 como garantía para un crédito, a cambio de ayudar a Gomes en un asunto judicial. Gomes, a su vez, proporcionó el contacto de Díaz, quien lo ayudaría a obtener dicho crédito.
Los fiscales detallan que el 11 de septiembre de 2023, Gomes y Díaz intercambiaron mensajes sobre la entrega de los cheques, y en esa misma fecha, Gomes le pidió a Arévalo que recibiera a la fiscala Stella Mary Cano, quien estaba enjuiciada. Posteriormente, Gomes le confirmó a Cano que había hablado con Arévalo.
La Fiscalía argumenta que Arévalo, al actuar en su capacidad de juez y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), violó sus deberes al aceptar condiciones a cambio de una resolución judicial. La acusación se basa en que el comportamiento de Arévalo, que incluye el compromiso de intervenir en el caso de Cano, lesiona los deberes de un juez, ya que las decisiones deben basarse en el mérito y no en compromisos previos.
Con base en estos elementos, la Fiscalía concluye que Arévalo actuó con dolo, eligiendo los medios necesarios para alcanzar su objetivo. El juez Otazú ahora deberá decidir sobre la admisión de la acusación y convocar a los acusados para la audiencia.
