El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene aproximadamente US$ 345 millones de fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, entidad que actualmente enfrenta un sumario abierto por el Banco Central del Paraguay (BCP) debido a irregularidades en sus operaciones. Este contexto ha llevado a diversos gremios a exigir el retiro de los fondos de la previsional de dicha entidad bancaria.
Durante una conferencia de prensa, representantes de varias centrales obreras manifestaron su preocupación por la seguridad social y la situación financiera del país, solicitando un «diálogo social» con el gobierno. Ramón Ávalos, de la Central Nacional de Trabajadores, destacó que la seguridad social está «muy golpeada» y que la situación financiera actual genera incertidumbre tanto en el presente como en el futuro de la población trabajadora.
Además, Ávalos recordó que el presidente Santiago Peña había firmado convenios para que el Estado saldara una histórica deuda de aproximadamente US$ 500 millones, lo que contribuiría a fortalecer el sistema de seguridad social, pero denunció que estos acuerdos no están siendo cumplidos. También criticó la corrupción entre los políticos, que, según él, perjudica gravemente al sector trabajador.
Bernardo Rojas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), lamentó que el diálogo social en el país ya no resulte beneficioso para los trabajadores. A su vez, cuestionó la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, argumentando que su titular, Griselda Mariel Figueredo de Giménez, actúa de manera autoritaria y no respeta las resoluciones de la Comisión de Seguridad Social.
Rojas hizo un llamado a los ministros de Economía y Trabajo para que impongan su autoridad y corrijan la situación, advirtiendo que el sistema de seguridad social podría colapsar si no se toman medidas. También expresó su preocupación por la posible caída de los bancos, recordando crisis pasadas y sugiriendo que los fondos del IPS corren peligro.
El dirigente sindical también criticó la burocracia del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) que impide el reconocimiento de sindicatos, señalando que a menudo se rechazan solicitudes por motivos menores. En cuanto a la política salarial del Estado, enfatizó que esta ha llevado a una notable pérdida del poder adquisitivo del sector obrero.
Ávalos concluyó advirtiendo que si el gobierno ignora el pedido de diálogo social, se verán obligados a tomar acciones para ser escuchados. Anunció planes para un congreso unitario de trabajadores, que busca reunir al pueblo y a otros sectores sociales en apoyo a la causa nacional.