En un hecho que marca un hito institucional sin precedentes, la Fiscalía ha formalizado la imputación y solicitado la prisión preventiva para los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Battaglia y Jorge Brítez, junto con otras siete personas. La investigación penal, liderada por el fiscal Julio Ortiz, se centra en un supuesto esquema de lesión de confianza vinculado al fracaso de obras de infraestructura destinadas a quirófanos, lo que habría generado un perjuicio patrimonial valorado en G. 61.000 millones para la previsional.
Durante una conferencia de prensa realizada en la sede central del IPS, la actual administración brindó detalles sobre el avance de la investigación, impulsada a partir de inspecciones y verificaciones directas en terreno sobre las obras e instalaciones proyectadas. El director jurídico de la entidad, Pablo Morínigo, enfatizó la importancia del proceso y reafirmó el compromiso de transparencia del actual equipo directivo. “Es la primera vez que dos expresidentes del IPS son formalmente procesados e imputados”, declaró, subrayando que la investigación tomó fuerza tras las inspecciones en terreno encabezadas por el actual presidente, el Dr. Isaías Fretes.
Detalles del esquema investigado
La investigación reveló un faltante significativo de insumos y equipamiento, además de la inexistencia física de algunas obras que, sin embargo, habían sido debidamente abonadas. Según Morínigo, el modus operandi estuvo basado en desvirtuar los acuerdos iniciales mediante la modificación irregular de contratos mediante adendas. “Lo cuestionable es que se cambió el objeto principal del contrato, algo completamente irregular”, explicó. A partir de estos hallazgos, la previsional se comprometió a colaborar plenamente con la investigación, señalando que no protegerá ninguna irregularidad detectada: “No vamos a apañar a nadie”.
Este esquema involucra tanto a exautoridades como a funcionarios actualmente activos. De hecho, Morínigo confirmó que entre tres y cuatro de los imputados aún prestan servicios en el IPS, por lo que se enfrentarán a un proceso sumario administrativo de forma inmediata. Entre ellos se encuentra Rosa Colmán, abogada que estaba en Asesoría Jurídica y fue trasladada recientemente a Aporte Obrero Patronal. Ella fue notificada en su lugar de trabajo, mientras que otros implicados se retiraron antes de recibir la notificación oficial, tras la filtración de información; esta mañana, Colmán se convirtió en la primera detenida del caso.
Perspectivas legales y medidas previas
En cuanto al sector privado relacionado, desde el IPS evitaron pronunciarse sobre la responsabilidad directa de directivos o exdirectivos de la firma Neighpart SA. Sin embargo, no descartan realizar una revisión exhaustiva de otros contratos con esta empresa para evaluar la posible presentación de nuevas denuncias. Además, el IPS anticipó que es “muy probable” que se constituya como querellante adhesivo en la causa principal.
Por otro lado, se analizarán las actas del Consejo de Administración para evaluar la ampliación de imputaciones, especialmente en contra de los consejeros que aprobaron las adendas irregulares que modificaron el objeto contractual, lo que podría extender aún más la responsabilidad dentro de la administración.
En mi experiencia, este caso pone en evidencia la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión pública para evitar daños patrimoniales significativos. Mi recomendación, basada en esta situación, es que las instituciones mantengan una vigilancia constante sobre los procesos contractuales y promuevan auditorías periódicas de obras, especialmente cuando involucran recursos públicos. Solo así se puede garantizar que los proyectos se cumplan acorde a lo pactado, protegiendo los intereses de la ciudadanía.
Finalmente, considero que esta investigación puede servir como un llamado de atención para otras entidades públicas y privadas para reforzar sus procesos internos y fomentar una cultura ética en la administración. Invito a reflexionar sobre la responsabilidad que implica la gestión pública y a tomar acciones concretas para evitar que casos como este se repitan.
