La Fiscalía ha presentado una acusación contra Eddie Jara, ex presidente de Petropar, por enriquecimiento ilícito, señalando que adjudicó y pagó contratos que luego beneficiaron a personas cercanas a él. La fiscala Yeimy Adle indicó que Jara solo pudo justificar el 2,67% de sus bienes, dejando sin explicar una suma superior a G. 5.547 millones.
La investigación reveló “préstamos” millonarios a terceros cuyo origen no pudo ser identificado. En su declaración jurada de agosto de 2023, Jara mencionó una deuda de G. 700 millones con Diana Paola Gamarra, quien afirmó que el préstamo era para cubrir deudas y gastos de su negocio de empanadas. Durante el tiempo que esta deuda figuraba en los registros de Jara, Petropar contrató a la firma Emprendimientos del Sur SA para un sistema de seguridad, transferencias que totalizaron G. 4.628 millones en febrero de 2024.
Además, Emprendimientos del Sur tenía un contrato de US$ 200.000 con Gamarra que fue formalizado de manera sospechosa el 21 de febrero de 2024, el mismo día que se emitieron varias facturas. Al día siguiente, Gamarra recibió G. 1.300 millones en dos transferencias, lo que la Fiscalía considera una coincidencia temporal y económica relevante para su caso.
La acusación también menciona a otras empresas como Legacy Roots SA y Consorcio Firetech, las cuales, tras cobrar de Petropar, desviaron fondos hacia Emprendimientos del Sur. En diciembre de 2024, Legacy Roots transfirió G. 2.017 millones a esta firma, mientras que en octubre de 2025, el Consorcio Firetech desvió G. 5.210 millones en múltiples transacciones.
El documento de imputación destaca los vínculos operativos y estructurales entre estas empresas, así como nexos financieros que las conectan con Jara y Gamarra. Estos elementos fueron suficientes para que el juez Osmar Legal aprobara la imputación.
Otro aspecto relevante en la investigación es la compra de un inmueble en San Bernardino por parte de Jara en noviembre de 2020 por G. 317 millones. La Fiscalía argumenta que, dada su situación financiera en ese momento, resultaba improbable que pudiera financiar dicha adquisición. Jara justificó la compra con un préstamo que no fue respaldado por ninguna evidencia.
El inmueble fue posteriormente transferido a Salma Clara Jazmín Agüero Caballero, actual ministra de la Juventud, en octubre de 2021, donde parte del pago se realizó con un cheque de G. 154 millones cobrado por la entonces esposa de Jara. La Fiscalía cuestiona la capacidad económica de Agüero en ese momento, dado que sus ingresos eran significativamente menores a los requeridos para tal transacción.
La ministra ha defendido la legalidad de la compra, asegurando que sus ingresos eran suficientes y que la operación es “totalmente trazable”. Sin embargo, su declaración ante la Contraloría no refleja actividad laboral que justifique su capacidad económica en ese momento, lo que genera más dudas sobre la transacción.
