La fiscal Yeimy Adle ha solicitado la imputación del expresidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, por supuesto enriquecimiento ilícito, así como de su exesposa, Karina Otazú, por presunto lavado de activos, proponiendo medidas alternativas a la prisión. En un extenso documento de casi 40 páginas, se detallan inconsistencias financieras, operaciones millonarias sin justificar y conexiones empresariales sospechosas.
Uno de los puntos destacados en la imputación es un préstamo de G. 700 millones que Jara declaró haber hecho a Diana Paola Gamarra Agüero. Sin embargo, su capacidad económica máxima al cierre de 2022 se estimaba en G. 233.827.330, lo que deja una diferencia de G. 466.172.670. La fiscalía argumenta que los intereses percibidos por Jara no justifican el origen de los fondos ni amortizan el monto principal del préstamo.
Gamarra, por su parte, alegó que utilizó el dinero para gastos de salud y un negocio de venta de empanadas, pero las declaraciones tributarias indican que sus egresos superaron sus ingresos en más de G. 1.610 millones entre 2021 y 2025. Por lo tanto, no se explica su capacidad para devolver el préstamo ni cubrir los intereses.
Mientras tanto, Petropar adjudicó a Emprendimientos del Sur un contrato por un monto que oscila entre G. 6.000 millones y G. 12.000 millones. En este contexto, se realizaron transferencias significativas desde Petropar a dicha empresa, que sumaron G. 4.628.109.726 en una semana. También se evidenció un contrato entre Gamarra y Emprendimientos del Sur, aunque la fiscalía cuestiona la validez de la ejecución de los servicios.
Adicionalmente, se encontraron transferencias de Emprendimientos del Sur a Gamarra, que totalizaron G. 1.300 millones, los cuales fueron utilizados para adquirir un inmueble en Villa Victoria. La fiscalía indica que existe una coincidencia temporal y económica entre los pagos de Petropar y las transferencias a Gamarra.
La investigación también abarca otras empresas que recibieron dinero de Petropar y luego hicieron transferencias a Emprendimientos del Sur, sugiriendo un entramado financiero que conecta a estas entidades. Jara, a su vez, fue identificado como prestamista, a pesar de tener deudas con bancos, lo que plantea dudas sobre la legitimidad de sus préstamos.
La exesposa de Jara, Karina Otazú, es acusada de recibir y manejar fondos cuya procedencia se investiga. Se registraron transferencias significativas a su cuenta desde empresas vinculadas a Gamarra y otros individuos, sumando más de G. 837 millones. La fiscalía plantea que no se identificó una causa económica para estas acreditaciones.
Finalmente, el Ministerio Público concluye que Jara presenta un patrimonio no justificado que supera los G. 5.399 millones. En octubre de 2025, sus gastos e inversiones alcanzaron G. 570.680.982 en un solo mes, a pesar de que su salario era de solo G. 44 millones, lo que refuerza las sospechas de enriquecimiento ilícito.
