Gremios del transporte privado en Ciudad del Este están ejerciendo una fuerte presión sobre la Municipalidad local para que se suspenda un servicio que, paradójicamente, no compite con ellos: el transporte gratuito que algunas universidades locales ofrecen exclusivamente a sus estudiantes. Los transportistas alegan una supuesta «competencia desleal», a pesar de que el servicio universitario carece de fines comerciales y no impacta directamente en sus operaciones.
Las universidades proporcionan este transporte como un apoyo logístico vital, permitiendo a sus alumnos desplazarse entre hospitales universitarios, laboratorios, centros tecnológicos y aulas. Este es un servicio cerrado, que no cobra pasajes ni está disponible para el público general. Es financiado con fondos propios de las instituciones, formando parte integral de su apoyo académico.
Sin embargo, ciertos sectores del transporte insisten en que este servicio les causa perjuicios económicos. Las casas de estudio, por su parte, argumentan que esta ofensiva responde a intereses puramente lucrativos, sin considerar el impacto negativo que tendría en miles de jóvenes que dependen de esta ayuda para continuar sus estudios.
«La función del transporte universitario es facilitar el acceso al conocimiento, no competir con el transporte comercial», explicaron representantes del sector educativo. Ellos han manifestado una profunda preocupación ante la posibilidad de que se imponga una medida que perjudicaría directamente a los estudiantes.
Además, señalan un marcado contraste con otras ciudades como Encarnación, donde un programa similar de transporte estudiantil gratuito, conocido como «Che Bus», opera mediante un acuerdo entre el municipio y empresas privadas. En Ciudad del Este, en cambio, las universidades sostienen este esfuerzo de forma independiente, sin ningún tipo de apoyo estatal ni convenios públicos.
Las autoridades universitarias resaltan el significativo aporte del sector académico al desarrollo local. La presencia de miles de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros, dinamiza notablemente la economía a través del alquiler de viviendas, el consumo, la alimentación, la recreación y el uso del transporte público para actividades no académicas.
«El ataque a este servicio no se basa en una competencia real, sino en una oportunidad de lucro que no han podido aprovechar. No se trata de mejorar el transporte, sino de impedir alternativas solidarias», advierten desde el ámbito educativo.
Finalmente, las universidades recalcan que lo que está en juego es el derecho a la educación, la permanencia de los jóvenes en las aulas y la igualdad de oportunidades. «La educación no es una amenaza ni una mercancía. Es un derecho que debe protegerse», concluyeron.
