El Wuasapero del Norte

Fuga de reos: Diputados aumenta castigo para funcionarios cómplices

La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que aumenta penas a funcionarios cómplices de fuga de presos. La iniciativa, impulsada por el diputado Yamil Esgaib, tuvo un rápido trámite luego de algunas modificaciones.

Según el diputado Esgaib, el primer inciso del Artículo 294 de la Ley Nº 1160/97 se mantendrá igual, castigando con pena de hasta tres años o multa a quien facilite la fuga de un interno. En el segundo inciso, se propone aumentar las penas carcelarias, con un mínimo de 4 años y un máximo de 10 años de cárcel.

El proyecto busca endurecer las consecuencias para los funcionarios que colaboren con la fuga de presos, estableciendo penas más severas para aquellos que permitan o faciliten estas situaciones. La propuesta de ley recibió apoyo en la Cámara de Diputados y se espera que contribuya a disminuir este tipo de incidentes en el país.

La aprobación de este proyecto representa un avance en la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, especialmente en aquellas relacionadas con el sistema penitenciario. La modificación de las penas busca desincentivar la complicidad de los funcionarios en hechos delictivos como la fuga de presos.

La iniciativa del diputado Esgaib ha sido bien recibida por diferentes sectores de la sociedad, que ven en esta medida un paso importante hacia la transparencia y la justicia en el país. Se espera que la implementación de estas nuevas penas contribuya a fortalecer el sistema judicial y a mejorar la seguridad en las prisiones.

La aprobación de este proyecto de ley marca un hito en la legislación nacional, mostrando el compromiso de las autoridades en combatir la corrupción y garantizar un sistema penitenciario más seguro y confiable. Esta medida refleja la voluntad política de endurecer las sanciones contra aquellos que atentan contra la seguridad y el orden público.

Finalmente, la aprobación de este proyecto en la Cámara de Diputados es el resultado de un trabajo conjunto entre los legisladores y la sociedad civil, que demandaban medidas más rigurosas para combatir la complicidad de los funcionarios en actos delictivos. Esta noticia representa un avance significativo en la lucha contra la impunidad y la corrupción en el país.