Jubilados de Copaco exigen pago de beneficios atrasados

Más de 1.100 exfuncionarios de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) se manifestaron este jueves para exigir el pago de una deuda histórica que el ente estatal mantiene con ellos desde el año 2017. Los integrantes de la Asociación de Jubilados de Antelco-Copaco S.A. denunciaron la falta de respuesta del gobierno ante su situación de precariedad.

Angel Recalde, representante del gremio, afirmó que el reclamo se basa en un beneficio establecido en el contrato colectivo, que consiste en el cobro del 0,50 % de un salario por cada año de servicio en la compañía. “Estamos aglutinándonos como hace más de siete años pidiendo nuestros beneficios del cobro del 0,50 por año de servicios prestados a la compañía”, comentó Recalde.

La falta de pago ha impactado negativamente a muchos extrabajadores, muchos de los cuales se encuentran en situaciones críticas de salud o en edad avanzada. Recalde precisó que más de un millar de personas están afectadas y lamentó que hay quienes han fallecido sin recibir el beneficio correspondiente.

“No venimos a pedir que nos regalen, es un derecho adquirido que nosotros tenemos a través del contrato de condiciones de trabajo”, sostuvo el representante de los jubilados. Según los datos de la asociación, los primeros atrasos comenzaron en 2017, afectando inicialmente a nueve extrabajadores, y en 2018, a 23 más.

Desde 2020, la situación empeoró con una salida masiva de jubilados, coincidiendo con la paralización de los desembolsos. Los manifestantes critican el manejo de la telefónica estatal, atribuyendo la crisis a la desidia de administraciones anteriores.

La movilización busca presionar al Poder Ejecutivo para que tome cartas en el asunto. “Venimos a hacerle saber a los gobernantes que no pedimos algo que no nos corresponde”, enfatizó Recalde.

Finalmente, los exfuncionarios advirtieron que las medidas de protesta continuarán hasta que se alcance una solución definitiva, mencionando que, aunque existen procesos judiciales en curso, muchos de los afectados carecen de recursos para iniciar litigios.

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