Empresas vinculadas al Grupo Vázquez han acumulado al menos G. 229.000 millones (casi US$ 38 millones) en licitaciones estatales desde la asunción de Santiago Peña. Estas adjudicaciones se realizaron a través de varias compañías, incluidas Itti, Technoma, y Ueno Seguros, entre otras. Desde agosto hasta diciembre de 2023, se reportaron contratos por un total de US$ 6,7 millones, con cifras que continuaron creciendo hasta alcanzar US$ 16,9 millones en 2025.
Las sospechas sobre un posible direccionamiento en las adjudicaciones se intensificaron tras el hallazgo de un “manual” en la mansión de Miguel Vázquez, que contenía indicios de pliegos acordados entre su empresa y el gobierno, principalmente a través del ministro de Tecnología, Gustavo Villate, primo de la primera dama, Leticia Ocampos.
Un escándalo adicional surgió en septiembre de 2025, cuando Luz Maribel Candado, exfuncionaria de Mburuvicha Róga, denunció la aparición de sobres con grandes cantidades de dinero en efectivo en la residencia presidencial. Se encontraron paquetes que contenían hasta US$ 200.000, lo que planteó serias preguntas sobre el origen y manejo de esos fondos en el entorno del presidente.
Candado también indicó que algunos visitantes ingresaban a la residencia sin registro en la agenda oficial, lo que generó más inquietudes sobre los encuentros entre Peña y empresarios con intereses económicos en licitaciones. Entre los nombres mencionados, figura Miguel Cardona, involucrado en el programa Hambre Cero, y Miguel Vázquez, quien fue arrestado recientemente tras el colapso de Ueno Bank.
Las pruebas de polígrafo realizadas a Candado y otros involucrados, tras la denuncia de la desaparición del efectivo, revelaron que todos terminaron desvinculados de sus funciones, mientras que el ministro de Defensa, Óscar González, admitió que se habían llevado a cabo estas pruebas sin una denuncia formal sobre el dinero perdido.
Por su parte, Peña ha evitado ofrecer explicaciones sobre los «sobres del poder», optando por referirse únicamente a la destitución de su exfuncionaria. Además, su ostentosa residencia en San Bernardino ha generado dudas sobre el origen de los recursos utilizados para su construcción y su relación con las declaraciones patrimoniales del presidente.
La propiedad, ubicada en una zona privilegiada, fue adquirida por un precio notablemente inferior al que Peña declaró en su informe de patrimonio. Se ha revelado que el entonces presidente recibió un préstamo de G. 3.548 millones de Ueno Bank para financiar la construcción de su mansión, una entidad que ha sido objeto de controversia por su conexión con fondos públicos.
Desde el inicio de su mandato, Peña ha sido criticado por sus numerosos viajes internacionales, que sumaron 71 al final de su gestión. Aunque el presidente defendió estos desplazamientos como una forma de generar oportunidades de negocio, su administración terminó en medio de una crisis financiera y una notable caída del poder, dejando a Paraguay en los titulares no por logros comerciales, sino por el escándalo que rodeó su gobierno.