El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, está en el centro de una polémica por el nombramiento de Daysi María Ramírez Ortiz, quien recibió un salario de G. 8.000.000 en julio del año pasado, tras haber trabajado como operadora en Senepa. Este aumento en su salario, que pasó de G. 4.849.600, se produjo a pocos días de su nombramiento, antes de ser comisionada de vuelta a su puesto original en Senepa, ya con un ingreso considerablemente mayor.
Latorre y Ramírez tienen vínculos políticos desde al menos 2020, pero fue en junio de 2025 que Latorre aprovechó su posición para darle un cargo con un salario significativamente más alto. A pesar de su breve estancia en la Cámara de Diputados, solo 21 días, la situación ha generado dudas sobre la legitimidad de su nombramiento, ya que no existen registros de que haya accedido al cargo a través de un concurso.
La controversia también se amplía a la formación académica de Ramírez, quien es catalogada como «bachiller» en documentos oficiales, mientras que su declaración jurada la presenta como egresada en «Ciencias Políticas». Este desfase en la información ha llevado a cuestionar la veracidad de sus credenciales.
Pese a su breve asignación en Diputados, Ramírez ahora percibe G. 10.400.000 al mes, sumando su salario en Senepa y otros beneficios, como una bonificación de G. 2.400.000 por trabajos insalubres. Durante las recientes elecciones municipales, su apoyo a la candidatura de Camilo Pérez y su vínculo con Latorre se hicieron evidentes.
La situación se complica aún más al considerar que, desde enero del año pasado, la nueva Ley de la Función Pública prohíbe el acceso a cargos sin concurso. La normativa establece que cualquier nombramiento que transgreda esta ley es nulo y puede acarrear responsabilidades civiles, penales o administrativas. El artículo 14 de la ley reafirma que el ingreso a la función pública debe ser a través de un concurso.
Además, la ley establece que los funcionarios que nombren asesores en incumplimiento de esta disposición incurrirán en mal desempeño de funciones, lo que podría llevar a la pérdida de investidura en el caso de los legisladores. Latorre ya había enfrentado críticas en su primer mandato por el caso de los «Nepobabies», donde se señalaba la designación de familiares de colegas en cargos públicos.
