El Ministerio de Justicia (MJ) enfrenta una considerable deuda por servicios básicos vinculados al sistema penitenciario, que asciende a aproximadamente G. 34.173 millones (cerca de US$ 6 millones). Durante su intervención ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), el titular de la cartera, Rodrigo Nicora, detalló que la institución debe G. 9.873 millones a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), G. 23.000 millones a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y G. 1.300 millones a la Municipalidad de Asunción, sin embargo, no se proporcionaron cifras sobre deudas con otras municipalidades.
La senadora Celeste Amarilla cuestionó a Nicora sobre el atraso en los pagos a proveedores de agua y electricidad, instando a que se regularicen estas obligaciones. En respuesta, el ministro señaló que el presupuesto proyectado incluye un plan para saldar la deuda con ANDE y Essap para el año 2027. Nicora reconoció que la falta de pago afecta la seguridad y operación de las cárceles, aunque no ofreció un calendario específico de pagos.
El senador Ignacio Iramain centró su intervención en la relación entre el presupuesto solicitado, que se aproxima a US$ 105 millones, y los resultados del sistema penitenciario, que actualmente alberga a unos 21.000 internos en instalaciones con capacidad para 14.000. Iramain solicitó información sobre la ocupación de los establecimientos, muertes bajo custodia y reincidencia delictiva, así como datos sobre acceso a educación y trabajo para los internos.
Nicora indicó que el Observatorio de Política Criminal tiene alrededor del 90% de la información requerida y se comprometió a publicarla en el sitio web del ministerio. Sin embargo, no presentó una estimación del presupuesto total necesario para abordar la sobrepoblación carcelaria.
Respecto al costo de mantenimiento por interno, la diputada Alexandra Zena preguntó sobre los gastos que incurre el Estado. Nicora respondió que la cifra ronda G. 1.800.000 por persona al mes, incluyendo alimentación, personal, atención médica y servicios básicos. Zena propuso un plan de trabajo remunerado para internos, al cual Nicora mostró disposición de apoyo.
El senador José Oviedo cuestionó si el presupuesto contempla una regularización salarial para contratados que ganan menos del salario mínimo. Nicora mencionó que 1.439 contratados recibieron mejoras salariales en 2026, pero no precisó cuántos aún perciben menos del mínimo ni cuándo se solucionará esta situación.
Oviedo también consultó sobre las tobilleras electrónicas destinadas a proteger a víctimas de violencia familiar. Nicora explicó que estos dispositivos cuentan con una aplicación de alerta y que, aunque hay entre 190 y 200 en uso, la colocación depende de decisiones judiciales. Además, Zena indagó sobre posibles fallas en la conexión, a lo que Nicora respondió que los equipos tienen dos vías de comunicación y alertan al centro de monitoreo ante interrupciones.
Finalmente, el diputado Yamil Esgaib propuso aumentar las penas para agentes penitenciarios que faciliten fugas y preguntó sobre el avance de un proyecto de penitenciaría en el Chaco. Nicora confirmó que se están llevando a cabo conversaciones con el gobernador de Boquerón para establecer un centro destinado a la reinserción de personas condenadas.